ESCUELAS PROTEGIDAS DESPUÉS DEL TC: QUÉ QUEDA, QUÉ CAYÓ Y QUÉ SIGUE PENDIENTE
El 23 de junio de 2026, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno, acogió los requerimientos Roles N°s 17.651-26-CPT y 17.653-26-CPT acumulados, presentados por un grupo de senadoras, senadores, diputadas y diputados, declarando inconstitucionales cuatro disposiciones del proyecto de ley Boletín N°18.156-04, conocido como «Escuelas Protegidas». Lo que cayó y por qué importa El TC […]
Integración Escolar en Chile: Entre la Ley y la Realidad

Durante las últimas décadas, Chile ha transitado desde un modelo de educación especial segregado hacia un sistema que, al menos en lo planteado en su diseño normativo, aspira a la plena inclusión. Sin embargo, existe una brecha significativa entre el mandato legal y la realidad cotidiana de las escuelas. Comprender esta tensión es indispensable para […]
Ley 21.809: la convivencia escolar ahora tiene dientes

La ley 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Binestar de las Comunidades Educativas no inventa un problema, pero si establece, por primera vez, un marco normativo con exigencias específicas, fiscalizables y sancionables.
Denuncia, investigación y sanción en el marco de la Ley Karin en los colegios

La investigación y sanción de conductas de acoso y violencia en el trabajo establecidas por la Ley Karin, deben ajustarse a una serie de directrices que no solo garantizan la correcta conducción del proceso investigativo, sino que también constituyen la principal herramienta de los sostenedores educacionales ante una posible judicialización.
Superintendencia de Educación no fundamentó multa impuesta al Servicio Local de Chinchorro, por lo que es dejada sin efecto.

Si bien la norma del artículo 73 de la Ley N°20.529 otorga a la Superintendencia un marco de discrecionalidad en la determinación del tipo de sanción, aquella decisión debe contener razones coherentes y argumentadas que posibiliten una eventual reclamación.
Proyecto que establece un sistema único de evaluación docente es aprobado en la Comisión de Educación del Senado.

La iniciativa busca terminar con la doble evaluación de los educadores del sector público, fortaleciendo procesos de inducción y acompañamiento.
