El plan permite a los establecimientos educativos recibir orientación, colaboración y asesoría de parte de  abogadas expertas en la resolución de problemas o dificultades generadas en contextos educativos, tales como la aplicación de medidas disciplinarias u otras normas del Reglamento Interno, aplicación de protocolos de actuación u otros instrumentos institucionales; casos de vulneración de derechos de miembros de la comunidad, como también de problemas derivados del rol de empleador y/o de sostenedor de colegios.

Además, te mantenemos actualizado permanentemente de las decisiones de la autoridad, de las nuevas normas, de la discusión pública y de cualquier otro aspecto que pueda afectar la realización de tu trabajo educativo; y accederás a nuestras tarifas privilegiadas con un 45% de descuento en servicios de representación o defensa jurídica ante autoridades públicas o privadas, judiciales o administrativas.