Uno de los aspectos medulares de la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin, es la obligación de los empleadores de implementar políticas y prácticas orientadas a la prevención de riesgos psicosociales, así como la promoción de la salud mental y el bienestar de la persona trabajadora a fin de crear un entorno laboral seguro y saludable.
En estas políticas y acciones de prevención, la identificación de los riesgos psicosociales es crucial, ya que estos se refieren a las condiciones laborales y organizacionales que pueden afectar la salud mental, emocional y física de los trabajadores como resultado de la interacción entre el entorno laboral y las características propias de la persona trabajadora.
En el contexto educativo, estos riesgos incluyen factores tales como la carga de trabajo, el estrés, las exigencias del aula inclusiva, la violencia escolar, la falta de apoyo institucional y las relaciones interpersonales en el entorno educativo.
Por otro lado, estos riesgos no solo afectan la salud y el bienestar del personal educativo, sino que también tienen consecuencias directas en la calidad de la educación. En este sentido, el personal docente enfrentado a estos riesgos puede experimentar agotamiento, disminución de la motivación, reducción de la satisfacción laboral y una mayor probabilidad de abandonar la profesión. Esto a su vez impacta negativamente en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes.
Actualmente, un tema que inquieta al personal docente se relaciona con las exigencias de la educación inclusiva, no solo en lo curricular sino también en lo referido al buen trato y a la gestión de la convivencia escolar en su aspecto de prevención y protección de agresiones producto de situaciones desafiantes por ausencia de autocontrol de estudiantes con necesidades educativas especiales.
A la luz de la Ley Karin, estas situaciones constituyen violencia en el trabajo, ya que son ejecutadas por terceros ajenos a la relación laboral —en este caso, estudiantes— en el contexto de la prestación de servicios educativos por parte del profesorado. Por tanto, los sostenedores educacionales tienen la obligación de prevenir estas situaciones mediante estrategias concretas establecidas en su protocolo de prevención. Además, están obligados a investigar las agresiones y adoptar medidas correctivas para evitar la reiteración de estas conductas y prevenir futuras vulneraciones, sin perjuicio de la adopción de medidas formativas o disciplinarias para los responsables exigidas por la normativa educacional.
¿Qué podemos hacer para mitigar estos riesgos psicosociales de la actividad de docentes y asistentes de la educación?
El abordaje de estos riesgos requiere de un enfoque integral que involucre docentes, establecimientos educacionales, sostenedores y a los responsables de la formulación de planes y políticas públicas. Algunas posibles estrategias de mitigación incluyen:
- Apoyo Emocional y Perfeccionamiento Docente.
Las escuelas deben proporcionar un entorno de apoyo que incluya asesoramiento, y otros recursos para que los docentes puedan lidiar con el estrés y otros desafíos emocionales.
En este aspecto, resaltamos las instancias de perfeccionamiento en el área de la inclusión educativa y abordaje de necesidades educativas especiales con foco en el aspecto relacional y emocional, a fin de prepararlos para actuar frente a descompensaciones de los estudiantes que pudieren ocasionarles agresiones y proporcionarles herramientas adecuadas para entregar apoyo a sus estudiantes.
- Formación en Gestión del Estrés y Autocuidado.
El personal educativo puede beneficiarse de programas de formación en gestión del estrés y autocuidado a fin de desarrollar habilidades de afrontamiento y resiliencia que los prepare para actuar situaciones de desregulación emocional o conductual de estudiantes.
- Reducción de la Carga de Trabajo.
La gestión de los establecimientos educacionales debe considerar estrategias para reducir la carga de trabajo del personal docente, tales como la optimización de tareas administrativas y la promoción de un equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
- Actualización de reglamentos y protocolos.
Las escuelas deben actualizar sus reglamentos y protocolos, asegurándose de contar con pautas claras y eficaces frente a situaciones de descontrol de los estudiantes, y difundir estas pautas en toda la comunidad educativa. En Norma Educativa contamos con vasta experiencia colaborando con las escuelas a actualizar su normativa interna. ¡Contáctanos!
- Promoción en buen trato y convivencia escolar.
Fomentar un ambiente escolar positivo, basado en el respeto y la colaboración, contribuye a mejorar las relaciones interpersonales y reducir los conflictos en la comunidad educativa.
Para que la Ley Karin tenga un impacto real en el bienestar de los docentes y en la calidad de la educación, es fundamental que todos los actores del sistema educativo se comprometan con su implementación y promoción de entornos escolares más seguros, colaborativos y saludables.
Abogada educacional especializada en convivencia escolar.
